El argumento central del libro que lancé la semana pasada (Por qué la Corrupción y el Crimen Organizado se Reciclan en Colombia) es que hasta que nuestro país no construya lo que he denominado un Círculo de Justicia Criminal, no podremos superar la violencia, inseguridad e inestabilidad que caracteriza el quehacer diario de la sociedad y las ejecuciones del resto de las instituciones que deberían empujar una etapa de desarrollo sostenible para superar la marginación social y económica de las mayorías

Esta conclusión empieza a tomar forma en el 2009, después de un año de estar estudiando e investigando el efecto de las cárceles y prisiones sobre el resto de la justicia penal. Entendí que la operación de las mismas debe estar totalmente sincronizada con las acciones de la policía, los jueces y la fiscalía.  Muy particularmente con la labor del ente que conduce las investigaciones y que debe sustentar una acusación sólida ante los jueces.

También había comprendido que construir un Círculo de Justicia Criminal dependía de la voluntad férrea del presidente de la república para primero combatir la corrupción consuetudinaria del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). Sabía para entonces que el gobierno Uribe no lo haría, pues había sido el mismo quien había empujado sigilosamente el que las comunicaciones no fueran objeto de la debida vigilancia que demandaba el artículo 111 del Código Penitenciario de 1993 y de esa manera, no poner nerviosos a los jefes paras que ya empezaban a rendir sus versiones ante Justicia y Paz. La reconstrucción de ese hecho me tomaría tres años.

La primera agenda negociadora del gobierno Santos con las FARC me indicó que el dúo impunidad e inseguridad frente a los grandes hechos de corrupción y frente a un crimen organizado que se atomizó después de la extradición de los paras en marzo de 2008, se mantendría y expandiría.

Para el 2012 ya era evidente para mí que la negociación no tendría éxito mientras que el gobierno Santos y las FARC no aceptarán que debían respetar el mínimo de justicia impuesto por la entrada en acción de la Corte Penal Internacional. Ese mínimo de justicia que el gobierno Uribe había tratado de eludir desde el 2002. El mismo que destrozó con la súbita extradición de los capos, cuando supo que alias Macaco y Don Berna se unirían a Mancuso para revelar las conexiones con él y su círculo más cerrado (ver capítulos X al XX).

Pero Santos buscaba la gloria, no enterrar el pasado y ya entendía que si no le daba gusto a la comunidad internacional su intento de pasar a la historia se frustraba. Los líderes de las FARC por su parte, ya no regresarían al monte para ser cazados mediante la tecnología estadounidense o terminar extraditados.

Así el acuerdo final impondría una carga que tiene nerviosos a altos miembros de la fuerza pública y poderosos personajes de la política y la economía. Junto con los líderes de las FARC quienes ya no tienen la posibilidad de un borrón automático de sus crímenes, muchos poderosos que siempre han evitado ser molestados por la justicia gracias a sus buenas conexiones, tendrán que someterse a un mínimo de justicia. Éste, básicamente se reduce a contar la verdad e identificar plenamente los actores intelectuales de las conductas más grotescas. La otra opción es tratar de engañar o de manipular a esa justicia. Muchos lo intentarán

Es allí, en un escenario impuesto por el derecho internacional que se ha abierto una posibilidad para que Colombia construya un auténtico Círculo de Justicia Criminal, así sea temporal y con un foco específico. Pero después de estudiar por dos décadas lo que he calificado como el "conflicto mafioso colombiano," estoy convencido que de la verdad que de allí emane, depende el futuro de nuestra nación y no solo la tranquilidad para millones de víctimas.

Advierto todo esto pues de allí surge la primera razón que me impulsó a proponer mi nombre para la jefatura del organismo que se encargaría de las investigaciones y las acusaciones: por primera vez en la historia de Colombia la selección de esa persona no estará manipulada por lo que en otro libró denominaré con el Sistema de Acceso Limitado. Aquella maraña de amiguismo, nepotismo y clientelismo que TODOS los partidos políticos usan para acceder al poder y mantenerse en el mismo.  Al no pertenecer a ninguna clase de organización ni estar conectado con la gigantesca burocracia criolla, no lo debo favor alguno a nadie.

La segunda razón es que en esa posición podría por fin servirle a mi país sin tener que seguir abandonándolo por periodos o desplazándome con sigilo cuando me encuentro en el.